JULIO
LÓPEZ: LA IMPUNIDAD CONTINÚA
28 de abril del 2015
A más de ocho años de su segunda
desaparición, seis penitenciarios fueron procesados en
la causa Jorge Julio López por el subrogante titular
del Juzgado Federal 1 de La Plata, Laureano Durán.
Los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal imputados
son los jefes de la Sección Visitas y Correspondencia
del penal de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén
Atilio Medina; los superiores inmediatos de ellos, Aníbal
Anselmo Cuenca y Marcelo Euvaldo Cuenca, quienes revistaban
como jefes de la División Seguridad Interna de la cárcel;
el director de Seguridad, Héctor Altamirano; y los directores
del penal, Carlos Alberto Grassini y Diego Daniel Díaz.
En el 2008, el ex juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza,
había dictado la falta de mérito de los siete
miembros del SPF que hoy están imputados.
El juez Durán consideró que estos
penitenciarios federales son responsables de obstaculizar una
de las líneas de investigación de la causa López.
La imputación, formulada por los fiscales Rodolfo Marcelo
Molina y Juan Martín Nogueira, incluye "incumplimiento
de los deberes de funcionario público por las conductas
de no ejecutar ni cumplir con lo que las leyes establecen"
y "omitir, rehusarse hacer o retardar algún acto,
como también por sustraer, alterar, ocultar, destruir
o inutilizar, total o parcialmente registros confiados a la
custodia de un funcionario público".
Las irregularidades fueron constatadas durante
los allanamientos llevados a cabo en la Unidad Penitenciaria
Federal II de Marcos Paz, a partir de una denuncia radicada
el 14 de marzo del 2007 por la Secretaría de Derechos
Humanos bonaerense, en la cual se daba cuenta de una directiva
ilegal dada por una autoridad de la cárcel para que se
beneficiara a detenidos por crímenes de lesa humanidad
con un trato privilegiado hacia ellos y sus visitantes, a la
hora de las visitas, las llamadas telefónicas y en el
nivel de control que se les dispensaba.
López desapareció tras declarar en el juicio contra
Miguel Etchecolatz , mano derecha de Ramón Camps, jefe
de Policía de la Bonaerense durante la última
dictadura cívico-militar. Su testimonio fue clave para
condenar a cadena perpetua al represor.
El encubrimiento que ejercía esta fuerza
era tan evidente que, cuando se ordenó allanar el penal
de Marcos Paz, donde cumple su condena el represor Etchecolatz,
los funcionarios de la penitenciaria ya estaban advertidos que
iban a ser inspeccionados. Durante 18 meses, la investigación
estuvo en manos de la Bonaerense, pero las reiteras denuncias
de la querella de Justicia Ya! lograron apartar a esta fuerza
del caso. Cuando desapareció López, la Justicia
caratuló la causa como "averiguación de paradero",
desde el primer momento Justicia Ya! apuntó contra Etchecolatz
y su entorno, hasta lograr el reconocimiento de la desaparición
forzada, incluso presentando el caso ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y recientemente ante la Comisión
de Desaparición Forzada de la ONU. Hasta hoy, las pistas
que conducían al represor y la bonaerense se fueron diluyendo
en las arbitrariedades de un expediente que está plagado
de irregularidades.
El fiscal Marcelo Molina recientemente volvió
a pedir que se investigue la pista que involucra al entorno
familiar de López. Una de las 34 pistas falsas planteadas
en los últimos años.
Como desde hace más de ocho años,
exigimos aparición de Julio López y que se investigue
a la Policía Bonaerense.
Comunicado
de APEL - Asociación Profesionales en Lucha
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